miércoles, 25 de noviembre de 2009

Sobre Honduras

Clementina y Tlémailt

     En el siglo XXI se dice que existe la democracia habiendo dejado atrás las dictaduras militares, tras el golpe de estado en Honduras podemos cuestionarnos la existencia de una “verdadera” democracia e institucionalidad del Estado de Derecho, el cual, se presume, impera en América Latina. En busca de estos ideales la izquierda hondureña propuso el reemplazo del Congreso por una Asamblea Nacional que devolvería el poder al pueblo hondureño, para lograr esto se realizaría una consulta el 28 de junio en la cual se votaría la existencia de una cuarta urna en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Este conjunto de acciones amenazaron los intereses de la oligarquía hondureña que declaró inconstitucional el desplazamiento del congreso por considerar que daría pie a una posible reelección. Bajo estos argumentos la derecha hondureña perpetuó un golpe de estado el 28 de junio, allanando la casa presidencial y llevando a Manuel Zelaya a Costa Rica para imponer el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti, entonces presidente del Congreso Nacional.
       Tras esta serie de acciones, el pueblo hondureño se manifestó en contra del golpe de estado exigiendo la restitución del presidente constitucional, por lo que los golpistas desataron una feroz represión contra los manifestantes. A partir de este momento, inicia la resistencia de una lucha que busca la libertad social y, por lo tanto, la equidad  y dignidad humana. Con la ayuda de las fuerzas militares se impone un Estado de Sitio, en el que destacan medidas como el toque de queda, el asesinato y la desaparición forzada de manifestantes, la suspensión de medios de comunicación críticos como el Internet, la radio y las televisoras independientes, privando así al pueblo de sus garantías individuales, llevando con esto al país centroamericano a una dictadura; que como tal, toma como justificación el restablecimiento de una legalidad supuestamente rota, y la autoridad recae en el cuerpo militar del Estado, teniendo como principales aliados la violencia y la injusticia de la clase dominante que responden a los intereses imperialistas que pretenden seguir controlando nuestra América Latina.
     Ante este conflicto social, diferentes organizaciones internacionales tales como la OEA (Organización de Estados Americanos), la UE (Unión Europea), el Grupo Río, el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), la ONU (Organización Naciones Unidas) entre otras, responden “rechazando” la imposición  del gobierno golpista, provocando con esto un bloqueo económico-político hacia Honduras. Podemos destacar  las contradicciones que el gobierno estadounidense tiene respecto al conflicto, acentuando que el golpe de estado responde a la necesidad de Estados Unidos por seguir controlando la economía del continente, tales contradicciones se ven reflejadas en la máscara discursiva que presenta Obama  al declarar su desconocimiento al gobierno de facto pero, siendo concientes de que cualquier decisión tomada por los gobiernos latinoamericanos está controlada e influenciadas por los intereses de EE.UU. Se puede interpretar  que EE.UU. tenía un conocimiento anticipado sobre el golpe militar y el no detenerlo fue respuesta a las negociaciones que había entre Honduras y el ALBA, ya que de seguir dichas negociaciones  perdería control sobre Honduras.
     Estados Unidos al observar el rotundo rechazo de las organizaciones internacionales al gobierno de facto,  mostró su apoyo,  poniendo como mediador del conflicto a Oscar Arias, presidente de Costa Rica, quién presentó el llamado “Acuerdo de San José”, que pretendía la reconciliación entre el gobierno de Micheletti y el presidente depuesto Manuel Zelaya, bajo ciertos condicionantes que, aunque demandaban el regreso de Zelaya a la presidencia, frenaban el avance hacia una sociedad democrática, constituida principalmente por una Asamblea Nacional.  Este panorama muestra los verdaderos intereses que tiene EE.UU. ante el conflicto hondureño. Su ya mencionado control nos hace recalcar la necesidad de no detener la lucha en busca de la independencia económico-político-social que debe existir en Nuestra América, a través de luchas como la que el pueblo hondureño sostiene.
     Dadas las circunstancias político-económicas que imperan en Honduras, se declaró el desconocimiento de las elecciones del 29 de Noviembre, que el gobierno de facto pretendía llevar a cabo hasta la restitución del presidente constitucional a su cargo. Al desconocerlas se presiono para que existieran las negociaciones entre el gobierno de Micheletti y Manuel Zelaya, estas mismas se presentan en el Acuerdo Tegucigalpa-San José-Diálogo de Guaymuras, en el cual, como punto principal se plantea la restitución al poder de Zelaya.
     El día 30 de octubre, tras cuatro meses de constante lucha contra la injusticia, el asesinato y la denigración del pueblo, se firmó dicho acuerdo; con esto se dió un paso al reestablecimiento del “orden” social.
     No debemos olvidar que el motor principal de los cambios que se han ido gestando dentro del movimiento es la lucha del pueblo para obtener justicia y libertad.
Una lucha que ha sido sustentada en manifestaciones, paros, huelgas y el constante grito del  pueblo hondureño para defender los derechos que el ser humano tiene; impidiendo el avance del monstruo llamado capitalismo que denigra y deshumaniza hasta convertir al ser humano en un mero instrumento de producción, enajenando su voluntad y teniendo como único fin el automatismo de la vida. 
     Con todo esto podemos concluir la necesidad imperante de continuar la lucha social, a pesar de los intentos y amenazas de la clase dominante que hasta hoy pretende reprimir y estancar el cambio que se busca para América Latina; de no ser así, corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de transformar y volvernos simples espectadores de la historia, dejándoles el camino libre para nuestra dominación y la pérdida de nuestra libertad.
     Honduras es un ejemplo más de los avances y retrocesos de la lucha, donde se ve reflejada la realidad concreta,  en la que se encuentra nuestra sociedad, haciendo  énfasis en que nuestra conciencia es el arma para conjuntamente luchar por nuestra dignidad y nuestro derecho a una vida justa.

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