Atenógenes Santamaría
Porque la naturaleza de nuestra sociedad conduce a la dominación de las conciencias, la pedagogía dominante es la pedagogía de la clase dominante que pone nuestra dignidad en juego, y no puede, contradictoriamente, servir a la liberación del oprimido. Si a través de la educación el hombre deviene en hombre, siendo este el único animal que se crea a sí mismo, no sólo en tanto a su ser estrictamente biológico respecta, sino como individuo apto para la sociedad de la que se vale para subsistir, y esta, a su vez, es modificada a conveniencia de los intereses de las llamadas naciones de primer mundo de las que nuestra América depende; entonces, el modelo educativo que el Estado mexicano pretende implantar en todos los niveles, lejos de preparar a nuestro pueblo para que, comprendiendo los problemas que al ser social que conforma le aquejan piense por sí mismo y ejerza su voluntad propia, resulta menos que un mecanismo fabril de obreros competentes para la defensa de estos intereses.
Compañero de cadenas, América Latina surge como tal al incorporarse al sistema capitalista en formación; es decir, cuando la expansión mercantilista europea del siglo XVI. En consecuencia, la clase burguesa es la clase dominante desde el siglo XVIII, clase enriquecida con el oro extraído de nuestra América a fuerza del trabajo de indígenas y esclavos explotados por los colonizadores. Hoy, esta riqueza vuelve a nosotros bajo la forma de empresas transnacionales que oprimen a la clase trabajadora. Nuestros gobiernos, en calidad de lacayos de la burguesía, transforman a conveniencia de sus amos nuestro sistema educativo entendido como un derecho del pueblo que garantiza el desarrollo armónico de todas sus facultades humanas. Por lo tanto, el despojo a la educación de su carácter público, laico y gratuito, unas veces explícito, otras tantas velado, consiste en algo más que un crimen contra la humanidad, debido a que el conocimiento, patrimonio forjado por ella misma a lo largo de su existencia para sobrevivir, es consecuencia del trabajo colectivo de la especie, por lo que debe servir única y exclusivamente a la humanidad en su totalidad, en nuestro caso, particularmente al pueblo de México que con su trabajo la sustenta, pues ¿quién más sino el pueblo educado participará de un proyecto de nación en su beneficio?1
Así pues, las reformas pretendidas en todos los niveles educativos que el Estado imparte son manifestaciones ligeramente distintas de un mismo proyecto pedagógico que beneficia únicamente a las empresas transnacionales, convirtiendo a las instituciones educativas de la Nación en centros de capacitación encargados de desarrollar las aptitudes necesarias que los intereses productivos de las mismas demandan, los que, sobra decir, son contrarios a los de la clase trabajadora. Tal sistema pedagógico por competencias considera inútiles aquellas aptitudes que permiten al hombre comprender las relaciones que guarda con la naturaleza y el ser social en el que está inmerso, privando al estudiante tanto del conocimiento científico en lo que a las ciencias naturales y sociales respecta, como del humanista y artístico, que si de por sí incipiente, ahora, cuando no nulo, del todo insuficiente. Según las reformas, este vacío será tapado con el lapidario pensamiento mágico en su versión católica, lastre que además, siendo dominante, anula de hecho el artículo 24 constitucional que asegura la libertad de creencias. Baste con recordar el intento por eliminar la Filosofía de la educación media, o la pretendida fusión del estudio de los fenómenos literarios hispánicos y de la llamada literatura universal con el de la lengua española, materia prima de estos, en favor de aumentar, comparativamente, las horas asignadas al cultivo de la lengua inglesa en detrimento de la propia, mas ni siquiera para estudiar a Shakespeare en su lengua, sino para ejecutar convenientemente los manuales operativos de la maquinaria transnacional, escritos, en su mayoría, en la lengua de los dominadores.
Peor aún, el sustento de tal aberración no emana de teoría pedagógica alguna, sino de una forma organizativa empresarial diseñada en la fábrica japonesa Toyota Auto Body y trasladada a EEUU en 1962 bajo el nombre de Círculos de calidad, instrumento diseñado para aumentar las utilidades de la empresa, fomentando en los explotados un sentimiento de lealtad hacia esta, de ser posible, que impere incluso sobre sus derechos laborales con el fin de mejorar la productividad de la organización del trabajo y así elevar la calidad de la mercancía; para lograrlo, los explotadores conceden a los obreros más participación en los procesos de control de calidad, situación que se traduce en ahorro de dinero para los dueños de la empresa. Sin embargo, el grado de participación de los obreros en el proceso de calidad se realiza conforme a la jerarquía propia de la empresa, haciéndoles creer “que el círculo les pertenece y que son responsables de él”2, todo esto, a la par que desarrollan en los trabajadores las competencias necesarias para el eficaz cumplimiento de tales objetivos, mismas que ahora, en las reformas que atentan contra la educación mexicana, actúan como directrices definidas como “habilidades, actitudes y valores integrados que permiten la realización de diversos desempeños o tareas”.
De entre las llamadas competencias, destacan aquellas destinadas a la identificación de problemas que a la creación de utilidades afecten, o aquellas otras necesarias para realizar una correcta exposición de los problemas ante la gerencia, con el fin de que esta encuentre soluciones sin tomar en cuenta el bienestar de todos los que aplican su fuerza de trabajo física o intelectual a la materia prima para transformarla en mercancía traducida en tan exorbitantes ganancias que ensanchan las arcas de los poseedores de los medios de producción, mientras los trabajadores truecan su fuerza de trabajo por un salario miserable que les obliga a permanecer en tan indigna condición de explotados, sin que puedan, además, imprimir pizca alguna de subjetividad en tales mercancías, o, ¿acaso cualquier obrero en calidad de apéndice de la maquinaria que opera se reconoce en la botella de Coca-cola que produce?, ¿o es que en verdad desarrolla capacidad humana alguna en tan despreciable proceso? Y si además privan a sus hijos de una educación digna, ¿qué nos espera?
Cuando la educación deja de ser un derecho y se ofrece como una mercancía, queda despojada de todos los elementos inherentes a ella capaces de satisfacer necesidades humanas específicas sin importar de donde provengan, si de la mente, del estomago o de la fantasía, en aras de satisfacer sólo aquellas otras que a las grandes empresas transnacionales importan, es decir, la producción de obreros sumisos. Bajo esta perspectiva asumimos al maestro como un fabricante de clases y al alumno, de su propio conocimiento, producto del trabajo invertido por ambos a lo largo de las horas transcurridas dentro y fuera del espacio social que representa el salón de clases; sin embargo, como las reformas otorgan un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial que beneficia a aquellos organismos de los que estas empresas se sirven para certificar a sus empleados, estructuras y procesos de producción sobre el mismo eje de las competencias para incrementar sus ganancias, dicho perfil del maestro y del alumno se evapora. Convirtiéndose el primero en un simple aparato reproductor de la información que la clase dominante desea en los alumnos, sus futuros esclavos reducidos a homo habilis, pues para obtener el certificado de bachillerato en cualquiera de sus modalidades, un titulo de licenciatura o posgrado y la posibilidad de ingresar a las universidades tendrán que acreditar un examen diseñado y aplicado por organismos privados como el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) que pretende medir en los alumnos y, a través de ellos en los docentes, no el conocimiento que se requiere para solucionar los problemas que, por ejemplo, al País aqueja, sino la competencia laboral que las empresas necesitan en sus empleados para solucionar los propios sin importar más nada. ¿Que no se asumen los gobiernos del PAN como gobiernos de empresarios para empresarios a costa de los recursos de la Nación que los sustentan?
En efecto, la principal consecuencia de la participación de organismos como el CENEVAL en los procesos educativos nacionales es que pone a su servicio a la Secretaría de Educación Publica para que esta diseñe sus proyectos educativos acorde con los intereses de la clase empresarial transformando a escuelas de nivel medio superior como el Colegio de Bachilleres en escuelas terminales como el CEBETIS, por lo que todo alumno en ellas inscrito quedará automáticamente imposibilitado para ingresar a las Universidades, puesto que carecerá de la enseñanza del conocimiento básico que estas exigen de sus aspirantes, además de ser un atentado directo contra el carácter autónomo de las mismas, pues en aras de la certificación no podrán más diseñar sus propios planes de estudio e investigación, ni sus maestros ejercerán la libertad de cátedra, ya que, como todos los profesores pertenecientes a las instituciones sometidas al dominio del CENEVAL no pueden siquiera evaluar a sus propios alumnos, tarea reservada exclusivamente al CENEVAL. Es evidente que estas reformas no pretenden, en pleno siglo XXI, formar humanos libres, sino extensiones de las máquinas a las que servirán para sobrevivir bajo el mando de los explotadores. Significaría también volver legal lo que hasta ahora no está siquiera contemplado en la Ley General de Educación y, más grave aún, “avalar a nivel constitucional el que el Estado ceda o deposite en grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Ni siquiera sería ya el neoliberal Estado evaluador, sino un mero testigo de la acción de los particulares, el Estado testimonial”3.
Creado en 1994 el CENEVAL sólo fue el pionero, después, en 2000, el llamado Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) acreditó la existencia de una multitud de enjambres de comités y agencias privadas para evaluar universidades en los mismo términos y acreditar -dicen valorar- sus 13 mil 400 programas de estudios profesionales en calidad de máxima autoridad pedagógica, pues sólo se autoriza una agencia por cada carrera y sus evaluaciones son prácticamente obligatorias y se repiten cada cinco años; si en el 2000 ya costaban 100 mil pesos cada una4, nada más en ese año obtuvieron ganancias superiores a los 134 mil millones de pesos. Mas no sólo la educación superior y media superior es presa de esta misma tendencia, la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) pretende que la certificación de los maestros de educación básica quede en manos de agencias certificadoras privadas. Evaluar periódicamente a más de un millón de maestros es otra enorme y generosa mina de oro aún virgen. Esta es, pues, la evaluación real que con la ambigua redacción propuesta en las modificaciones onanistas de la LX legislatura se eleva a rango constitucional. Este respaldo jurídico a la evaluación privada y comercial patentemente ineficiente consiste en un crimen de lesa humanidad orquestado por el Estado contra el pueblo de México, pues, además de todo, jamás desde 1994 esta próspera industria de la evaluación ha podido generar una dinámica sostenida y generalizada que mejore la educación mexicana.
Sin embargo el pasado 10 de julio del 2009, el titular del INEA, Juan de Dios Castro Muñoz, señaló que al ritmo actual de los recursos destinados por el Estado, el País tardará sesenta años aproximadamente en erradicar el analfabetismo que hoy afecta a más de 6 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir, que sumados a los que padecen rezago educativo, integran una tercera parte de la población que equivale a 33 millones de mexicanos. Aún concediendo que tales estadísticas fueran ciertas, lo cual resulta de suyo imposible a la luz de las propias cifras dadas por el propio funcionario, la situación es inhumana, pues la geografía del analfabetismo en México se corresponde con la de la pobreza, situación de abierta discriminación en que la mayor concentración de analfabetas son mujeres; sin contar que la cifra total de analfabetas en el país prácticamente no ha sufrido cambio alguno desde 1980, donde 6 millones 451 mil personas no sabían leer y escribir y hoy poco más de 6 millones continúan sin saberlo. Es decir, no hubo en este periodo una reducción del analfabetismo, simplemente las personas que no sabían leer y escribir se han difuminado en términos estadísticos ante el crecimiento exponencial de la población. Todo ello a pesar del CENEVAL y demás empresas afines.5
Nada más inaudito que esto, puesto que otros países latinoamericanos cuyas economías resultan mucho más pequeñas que la nuestra han logrado en menos tiempo y en situaciones de sumo adversas erradicar por completo este mal que nos aqueja. Baste con recordar el caso de Cuba que acabó por completo con este flagelo desde 1961, a pesar del ignominioso bloqueo económico perpetrado por la Casa Blanca que desde 1962 les azota; en 2005, Venezuela logró, con apoyo del gobierno de la Habana, reducir su población analfabeta por debajo del 5 por ciento; otro tanto ocurrió en Bolivia, la nación más pobre del continente después de Haití. Este mismo año, el actual gobierno de Nicaragua emitió la declaratoria que consagra a su territorio libre de analfabetismo. ¿Que podemos esperar del gobierno mexicano respecto a educación si no considera como asunto de Estado erradicar el analfabetismo? ¿Qué significan sus pretendidas reformas si para nuestro gobierno la educación no es parte esencial de una política global de desarrollo y justicia social para la cual se movilicen grandes recursos económicos, logísticos y humanos? Es significativo, al respecto, que el porcentaje del presupuesto público destinado a educación en Venezuela se haya incrementado en un 5 por ciento de los años noventa a 2005, y que la inscripción en las escuelas públicas haya aumentado de 59 por ciento en 1998 a 67 por ciento en 20026 ¿México es como en La Habana, Caracas o La Paz?
Ni siquiera el pequeño empresario mexicano promedio puede dormir tranquilo con estas reformas que volverán a todos los bachilleratos del país un centro de capacitación para el trabajo en las empresas transnacionales, pues su empresa no es transnacional. Al parecer no ha notado que el perfil del obrero calificado egresado del Bachillerato Único no le es útil si su empresa existe en el corazón de Oaxaca, lo mismo si estuviera en el de Monterrey; pues los egresados del Bachillerato único cumplirán exclusivamente el perfil de contratación que las transnacionales exigen, no el que los empresarios domésticos requieren. Mas no te confundas querido lector, pues no sugerimos que la pedagogía por competencias deba adaptarse a las necesidades de los explotadores domésticos; es solo que, como dijo José Martí, aún cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo, que van por el aire dormidos engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de despertar, para que no persista en ella entera, sino cicatrices sanadas de la explotación del hombre por el hombre. Compañero de cadenas, desheredado de futuro, tus hijos en lucha rechazamos de tajo esta pedagogía y todas las reformas que la sustentan, mas a ti toca sumarte a nuestras voces y encarnarlas en actos.